sábado, 25 de septiembre de 2010

25 de septiembre 2010: 74º Aniversario del asesinato de AMADO VIERA AMORES.


Conchita Viera, hija, depositando hoy 25.09.10, un ramo de flores de la puerta de la finca donde se ubica la fosa

Amado Viera Amores

AMADO VIERA AMORES, Abogado, Alcalde republicano, de afiliación socialista de Valencia de Alcántara (Cáceres), Nació en Ceclavín (Cáceres), el 11 de octubre de 1902. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ejerció la abogacía en la provincia de Cáceres, viviendo en Valencia de Alcántara, en dónde se casó y tuvo dos hijos, una de ellas es CONCHITA VIERA, miembro de nuestra asociación e infatigable luchadora por dignificar la memoria de su padre, así como del resto de las víctimas del franquismo.

Amado Viera Amores, fue un hombre estudioso y reflexivo, desde muy pronto sintió gran preocupación por los problemas sociales de la época, dejando reflejadas sus ideas en numerosos artículos y escritos en la prensa local y regional de época, especialmente sobre la cuestión agraria, la religión o la educación en España. Ideas de progreso, que le hicieron ingresar en el sindicato socialista “El Redentor” del que fue presidente por dos veces y, asimismo, en las Juventudes Socialistas, al mismo tiempo que colaboró activamente en la construcción de la Casa del Pueblo de la localidad. Bajo las siglas del partido socialista, accedió democráticamente a la alcaldía de Valencia de Alcántara en febrero de 1936, siendo el último alcalde democrático de Valencia de Alcantara, hasta que en la transición democratica, en pleno 1979, se llevaron a efecto elecciones municipales.

Tras el golpe militar en 1936, fue detenido, aunque puesto en libertad “sin cargos”. Sin embargo, ese mismo día del 25 de septiembre de 1936 ( fecha de la que hoy se cumplen 74 años), según consta en testimonios obrantes en Expediente de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Fallecimiento incoado en 1956 ante el Juzgado de Primera Instancia, fue detenido nuevamente en su domicilio por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche con rumbo desconocido, siendo público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día, junto a otros 12 hombres, en la mina de la finca de "Cuadrillas de Arriba" del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos. Tanto durante los días previos a su “paseo” como mientras se lo llevaban, llamó a sus conciudadanos a mantener la calma y la convivencia pacífica. No llegó a cumplir los 34 años de edad.
Su cuerpo al igual que el de los otros 12 hombres, se encuentran aún hoy, en pleno 2010, en aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietario de la finca donde se ubica la misma, a permitir el paso a los técnicos, para las labores de prospección de la fosa.
La ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA, ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas y fincas de titularidad privada nuestra región; y lleva igualmente años luchando por reivindicar la memoria de Amado Viera Amores, así como de otros muchos desaparecidos, pues el caso de Amado es uno de muchos, intentando que los propietarios de las fincas autoricen la realización de las tareas necesarias para localizar y excavar la fosa, con la finalidad de recuperar los restos y que puedan ser enterrados dignamente. Hasta ahora, sólo ha obtenido la negativa por respuesta.

La ARMHEX, pide hoy:

A.- Que se guarde un minuto de silencio o recuerdo en memoria de Amado Viera Amores, alcalde socialista que fue de Valencia de Alcántara, en el 74º aniversario de su asesinato, que se cumplen hoy, 25.09.2010.
B.- Que sin más dilación, se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, aún en fosas comunes, entre ellas las de la familia de Amado Viera Amores, para que se inicien y ultimen los trámites necesarios para llevar a cabo las labores de localización y excavación de las fosas citadas, y en su caso se autorice la ocupación temporal de los terrenos, para así amparar a los familiares de estas víctimas, de acuerdo con el Artículo 14.3º de la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), que dice: "En el caso de terrenos de titularidad privada, (…), deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones públicas PODRÁN AUTORIZAR LA OCUPACIÓN TEMPORAL siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideración de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnización”. Recordemos que según la propia Ley 52/2007, art. 14.1º: “La realización de las actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos (…) CONSTITUYE UN FIN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, a los efectos de permitir, en su caso (…), la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse”.
Queremos recordar que estas personas fueron detenidas ilegalmente, trasladadas por la fuerza, fusiladas y “desaparecidas”, por lo que es una cuestión de Justicia y de respeto a los derechos humanos que sus restos descansen en un lugar digno y no en el que eligieron sus verdugos. Es una exigencia de Justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y derecho.

En los últimos años, tras la insistencia de las familias y el movimiento social memorialista, está saliendo a la luz la memoria de los vencidos en la guerra, y de las víctimas del franquismo. Pero nadie desde los poderes de la democracia actual parece atreverse a defender a la II República, como parte de la memoria democrática de muestro país. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, y a quines presidieron sus instituciones, como el caso de Amado Viera Amores, alcalde democraticamente elegido de Valencia de Alcantara. Y sin embargo, todavía están con nosotros, en muchos casos, los nombres de las calles, monumentos, símbolos y ritos del franquismo. Es el momento de cambiar eso, de devolver la dignidad a quienes defendieron la democracia y la libertad con la palabra y la ley. Hasta que un golpe de Estado les truncó aquel sueño.

jueves, 23 de septiembre de 2010

Agur bero bat, Juantxo! Mila esker, gure lagun ona




In memoriam Juantxo García de Acilu.





Desde Extremadura, queremos sumarnos a las muestras de condolencia y pesar por el fallecimiento el pasado dia 21 de septiembre, del compañero Juantxo García de Acilu, presidente de la Asociación "Memoriaren Bideak" de Navarra (Los caminos de la memoria), una asociación de gente trabajadora, generosa y luchadora que sigue recuperando memoria y honrando a quienes siempre han sido grandes ignorados de nuestra reciente historia, los esclavos del franquismo. Cada año en el mes de Junio, se organiza un homenaje a estos luchadores en el Alto de Igal y cada año nos van faltando los protagonistas de historias muy duras, que antes de irse, pudieron disfrutar de un reconocimiento que les hizo felices y de conocer a Juantxo, que desbordante de ilusión les dio todo su cariño.

Este año además, el pasado día 20 de febrero de 2010, tuvimos la ocasión de celebrar conjuntamente en Don Benito (Badajoz), el HOMENAJE CÍVICO A CECILIO GALLEGO GARCÍA, preso antifraquista, del Batallón de Trabajadores 127, en la villa de Roncal, del que se evadió; fuga que a la postre le costó la vida, al ser asesinado “in situ” tras su apresamiento, y enterrado en la una fosa anónima.

La exhumación de los restos de Cecilio Gallego se realizó el 12 de octubre de 2009, gracias al proyecto de la citada Asociación Memoriaren Bideak, y de los colectivos Eguzki Bideoak y el Instituto Gerónimo de Ustariz en torno a la recuperación de la memoria de los trabajos forzados en Navarra durante el franquismo; en respuesta a los deseos de la familia de trasladar sus restos mortales a su localidad.

En aquel acto, tuvimos la ocasión de compartir emociones y sentimientos, con los no pocos miembros de la asociación, y conocer personalmente a Juantxu. Todos ellos hicieron el esfuerzo de recorrer más de ochocentos kilometros en un fin de semana atravesando casi de punta a punta el territorio del estado español, para traer los restos de Cecilio a su tierra natal y para participar en el Homenaje. Nos consta que Juantxu, disfrutó mucho de aquel viaje a nuestras tierras extremeñas.

Ni la familia de Cecilio Gallego García, ni la ARMHEX, olvidaremos ese compromiso y aquel gesto de compañerismo, y solidaridad de las gentes de los pueblos navarros, encarnados en la Asociación que presidia Juantxu.

Hemos de recordar, que en los Batallones de Trabajadores 106 y 127 y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 6 y 38, entre los años 1939 y 1941, al menos 13 presos, de los que han podido ser identificados, eran extremeños, gracias al extraordinario trabajo historiográfico realizado en aquel proyecto.

Si bien seguramente habrá más personas asesinadas de las que no se tiene más documentación, de momento se sabe, que son dos prisioneros extremeños, los que fueron asesinados, mientras construían carreteras de montaña en este Pirineo Navarro:

Manuel Antolín Holguín Fernández, natural de Castuera (Badajoz), nacido en 1918. Asesinado en Egozkue (Navarra) el 3 de febrero de 1940, prisionero del Batallón de Trabajadores 159, que trabajaba en la carretera Egozkue – Iragi.

Y el ya citado, Cecilio Gallego García, natural del Don Benito (Badajoz), nacido en 1915, asesinado en Roncal (Navarra) el 23 de Octubre de 1939, prisionero del Batallón de Trabajadores 127, que trabajaba en la carretera Igal – Roncal.


La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo creció más de una generación. Nada hizo la llamada transición por recuperar ese pasado. Las principales instituciones actuales, han tenido un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil, de la dictadura y la represión. Y todo se resume en un déficit de educación plenamente democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.

Y en ese contexto, trabajo como el desarrollado por Juantxu en la Asociación Memoriaren bideak, merecen nuestro más sincero reconocimiento.


Eskerrik asko!.

Besarkada handia bera ezagutu eta gurekin bere laguntasun eta lana konpartitu duzuen guztioi.

Un fuerte abrazo a todos y todas, los que le habéis conocido y habéis compartido su amistad y su trabajo.



Hasta siempre.

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA

domingo, 19 de septiembre de 2010

EL SUPREMO, ¿IMPARCIAL?.




El 14 de mayo, el juez Garzón fue expulsado provisionalmente de la función judicial por haber pretendido investigar una parte de los crímenes del franquismo, la relativa a los detenidos y desaparecidos (más de 100.000 personas). Las víctimas, los familiares que denunciaron los hechos, quedaron decepcionados y abandonados ante la ausencia de tutela judicial. Parece que el objetivo político y judicial estaba alcanzado. Desde aquel momento, todos los procesos contra el juez entraron en una fase de notable dilación, cuando debía haber ocurrido lo contrario: que los instructores y magistrados del Tribunal Supremo (TS) activaran e impulsaran su tramitación, pues el juez perseguido está ya cumpliendo anticipadamente la pena que pudiera imponérsele si llegara a ser condenado por sentencia firme. Una muestra más de la falta de objetividad y equidad de esos jueces.



El pasado 7 de septiembre, el TS notificó una resolución –que se dice fechada el 26 de julio– que, sin fisuras, respaldó la decisión del instructor Varela del 7 de abril de continuar definitivamente el proceso contra el juez Garzón pese a la ausencia de toda responsabilidad penal. La resolución merece una crítica rotunda. El TS sabe que, antes de tomar esta decisión, estaba obligado a resolver otros recursos de apelación que el juez Garzón interpuso en abril y mayo. Planteaban, con el apoyo expreso del fiscal, la nulidad de las acusaciones de la ultraderecha a causa de las maniobras procesales irregulares de Varela con Manos Limpias para hacer viable un escrito de acusación que no debía haber sido aceptado. Maniobras que perjudicaban directamente el derecho a la presunción de inocencia y de defensa del juez Garzón, que además vulneran las garantías básicas de un ciudadano y el derecho a un proceso justo. Maniobras que determinaron la continuidad de un proceso que, en ese momento, debió concluir sin más.



La permisividad y la pasividad de la Sala Segunda lo ha impedido. Pero, además, la resolución del 26 de julio es un ejemplo de un preocupante formalismo en la interpretación de la ley procesal penal con el único propósito de limitar y perjudicar los derechos del imputado. La consecuencia directa es anular los efectos propios del recurso de apelación. La previsión legal de que un imputado pueda recurrir a una instancia judicial superior, en este caso el TS, a través del recurso de apelación cuando disiente de la decisión del juez inferior, es decir, del instructor Varela, es para que pueda producirse una revisión a fondo de la decisión recurrida. Pero el TS no lo hace, omitiendo la función que debía haber ejercido, que era analizar detenidamente las razones expuestas por el juez Garzón para contradecir las tesis de Varela. Concretamente, si este mantiene que las decisiones del recurrente eran “indefendibles” en la aplicación conjunta del sistema jurídico, es exigible legalmente que el TS hubiese analizado las razones del juez Garzón y la afirmación fundada de que sus decisiones en el sumario 53/2008 no fueron nunca ni inusuales, ni extravagantes ni aún menos injustas y, por tanto, perfectamente defendibles, como lo ha acreditado la comunidad internacional. Lo que justifica plenamente un debate en el seno del proceso sobre la naturaleza jurídica de dichas decisiones, debate o “pericia jurídica” como lo llama el Supremo, que no puede ser “improcedente”. Precisamente porque la aplicación del derecho, cuando además está en juego el derecho internacional, necesita de unos amplios márgenes de interpretación. Lo contrario es, como está ocurriendo, la limitación y persecución del libre ejercicio de la independencia judicial.



Por otra parte, el TS pretende justificar la ausencia de respuesta al fondo de los gravísimos problemas que le fueron planteados apelando a que debe evitar “el prejuicio contaminante”, es decir, el haberse pronunciado antes de tiempo sobre el núcleo de los hechos que son objeto del proceso. Es, sencillamente, inaceptable. El TS, desde que el 26 de enero de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, ha coincidido con los postulados y pretensiones de la ultraderecha durante un proceso que desde entonces no ha variado sustancialmente de contenido. Y siempre, con la oposición del fiscal. Nunca dudó en la aceptación de una acusación popular pese a que, como ha dicho la Unión Progresista de Fiscales, “la ejerce en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.



Con esta frialdad formal y el “encarnizamiento” a que aludía Le Monde, va a comenzar un juicio político por haber investigado judicialmente el franquismo como condición para la protección de sus víctimas. Víctimas a las que el TS ha tratado, en contraste con su complacencia con la extrema derecha, con desdén y menosprecio, negándoles reiteradamente la pretensión de ser partes en el proceso contra el juez Garzón. Llegando a decirles, ofensivamente, que “se abstengan de perturbar la jurisdicción del TS”. Estamos ante una profunda crisis, no sólo de la Justicia, sino de la democracia.



Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe Anticorrupción.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Murió la guerrilera extremeña, María Rodríguez Juárez, alias la Goyerías




María Rodríguez Juárez, alias la Goyerías y también la Goyoría, guerrillera extremeña que luchó en la sierra tras la Guerra Civil y al lado de un maquis mítico, el Chaquetalarga, ha muerto.


La historia de esta mujer, una de las pocas que lucharon con las armas en la sierra contra el régimen de Franco, es la de una persona fuerte y decidida que se vio obligada a esconderse en la montaña para huir de la represión franquista, como la gran mayoría de los guerrilleros extremeños.


Hija de labradores sin tierra, María Rodríguez, alías la “Goyerías”, fue durante décadas uno de los grandes símbolos del movimiento “maqui” al representar a una de las escasas mujeres que, huyó a las montañas por la represión franquista para participar de forma activa en el mismo.


Nacida cerca de Guadalupe, en Alía (Cáceres), a quien también se la llamaba “Balbotina”, no le quedó más remedio que comenzar a trabajar en el cortijo “Rañas” hasta que apareció Joaquín Ventas “Chaquetalarga”, todo un mito guerrillero con el que luego tendría un hijo, y Víctor Roque “Miguelete”. Su hermana Paula, “Migueleta”, se enamoraría del otro lugarteniente. Ya no habría vuelta atrás. Habían sido denunciadas por su propia tía, Justa “La Larga”. A partir de entonces, las abruptas y empinadas sierras, casi siempre a la carrera, en su hábitat natural desde muy joven.

Los tres primeros años los pasó en las montañas extremeñas, dentro de la 13º División de la Agrupación Guerrillera, hasta que se asentaron durante algo más de tiempo en el campamento que los ‘maquis’ tenían en los valles de Puebla de Don Rodrigo, por los campos de Ciudad Real. María también participaba en acciones, aunque declaró tras su detención que ella “siempre se quedaba más atrás”. La declaración sumarial que hizo cuando fue detenida, está relatada en el libro del historiador, Francisco Moreno Gómez, "La resistencia armada contra Franco".

La creencia general de que la derrota del Eje propiciaría el fin del régimen de Franco dio alas a los guerrilleros. Pero el día en que aquella esperanza se acabó, muchos guerrilleros huyeron a Francia, otros se integraron como jornaleros o pastores, y algunos se entregaron y actuaron en las contrapartidas, haciendo de chivatos de la Guardia Civil. Eso fue lo que ocurrió en junio de 1947 con la partida del Chaquetalarga, que se deshizo y éste, huyó a Francia dejando a María en la sierra, al cuidado de Paula, que estaba en los últimos días de un embarazo, perseguidas ambas por la Guardia Civil.


Desmoralizadas y con la impotencia de no poder seguir luchando contra la represión franquista, intentaron rehabilitarse a la vida civil y comenzaron a trabajar como sirvientas en la casa del jefe de la Falange de la localidad de Navas del Madroño (Cáceres).

No tardarían en ser localizadas y fueron descubiertas por un ex guerrillero delator, Vicente Rubio, conocido como “Pedro el cruel” un 30 de marzo de 1948. Aquello le valió ser entregada a la Guardia Civil, no sin antes haber recibido una durísima paliza. También fue detenida Paula. Sometidas a un consejo de guerra, María fue condenada a 14 años y Paula a 16, que cumplieron en Ciudad Real, Madrid y Málaga.

Era la época en la que entregar por un tiempo, o quizás para siempre, a tus hijos a un familiar o incluso a los pastores- su hermana les cedió los dos- era la norma común. Así lo hizo también María, que cuando se reencontró con su hija pasados unos años, se quedó muda al comprobar que se había casado con un… ¡guardia civil!, según ella misma contó a la revista de historia “Sapiens”.

Desde los años 50, ya retirada de cualquier movimiento guerrero tras salir de la cárcel, y hasta su fallecimiento, se fue a vivir a Cataluña, donde conoció a José Campano, con el que se casó para vivir en una barraca y luego trasladarse al barrio de Bellvitge, en Hospitalet, hasta el fin de sus días.


María Rodríguez Juárez, guerrillera maquis, nacida en Alia (Cáceres), falleció el viernes 10 de septiembre en Hospitalet de Llobregat a los 90 años. IN MEMORIAM. SALUD Y LIBERTAD.


APROVECHAMOS ESTE OBITUARIO DEDICADO A MARIA RODRIGUEZ, PARA RECORDAR Y REIVIDICAR EN NOMBRE DE NUESTRA ASOCIACION:

PRIMERO: Que los Guerrilleros antifranquistas deben ser reconocidos como la ultima expresión del que fuera Ejercito de la República, y en consecuencia como combatientes del Ejercito Republicano.
SEGUNDO: Así mismo, pedimos reconocimiento moral y gratitud a las mujeres de los guerrilleros (esposas, novias, madres, hermanas, hijas o parientes), heroínas silenciosas y víctimas también, de la represión fascista; por su aportación impagable a la Guerrilla.
TERCERO: Que solicitamos, reconocimiento oficial por parte del Gobierno de España del papel de las agrupaciones de guerrilleros y puntos de apoyo. Así como su equiparación a los combatientes del Ejército Republicano. Hay que constatar que los guerrilleros, pese a ser citados como "combatientes" en la Exposición de Motivos de la Ley 52/2007, conocida como de la Memoria Histórica, cuya rehabilitación además fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, en cambio han sido los grandes olvidados, de citada Ley 52/2007, donde ningún artículo se les dedica, para su rehabilitación.

En este sentido y exigimos se articulen las medidas adecuadas para que la PROPOSICIÓN NO DE LEY aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura el 17 de febrero de 2003, sea una realidad antes de que fallezcan todos los guerrilleros sobrevivientes extremeños, la cual decía en su punto tercero lo siguiente:
La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a:3.- Rehabilitar la memoria de los guerrilleros antifranquistas, reclamando al Gobierno la supresión de su caracterización como bandidos o malhechores en los expedientes policiales, así como las eventuales compensaciones económicas.

CUARTO: Instamos a la apertura, conservación y catalogación archivista de todo el material documental relacionado con la guerrilla y su repercusión. Así mismo dotar de medios y especialistas archiveros a todas las instituciones en donde se encuentren dichos documentos.
QUINTO: Es deseable, potenciar el conocimiento del fenómeno guerrillero en todo el sistema educativo, como han hecho otros países de nuestro entorno con fenómenos de resistencia similares, como Francia.
SEXTO: Hacer un llamamiento al mundo de la cultura y especialmente a los historiadores, para que sigan investigando y difundiendo la historia de la lucha guerrillera durante el franquismo.
SÉPTIMO: Afirmamos, como no puede ser de otra forma, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, la radical ilegitimidad de origen y de ejecución:
a).- De las disposiciones que ordenaron la creación de órganos encargados de la represión política.b).- De todas las normas que aplicaron esos órganos de represión.c).- De todas las actuaciones y decisiones de esos órganos y de las farsas como los consejos de guerra que procedieron a los asesinatos, privaciones de libertad y derechos, torturas y demás formas de represión.Todas esas disposiciones, órganos, decisiones y farsas, carecen de la calidad ética y jurídica necesarias para ser consideradas como leyes, tribunales, sentencias o juicios, desde la perspectiva de civilización democrática y de derecho.
Por ello, el Gobierno tiene el deber moral y democrático de promover formalmente y de oficio, la declaración de nulidad plena de aquellas sedicentes leyes, tribunales, sentencias y condenas, una vez que la propia Ley 52/2007, las declaró ilegitimas.

SIN MEMORIA, NO HAY JUSTICIA.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX).


viernes, 3 de septiembre de 2010

El Comité pericial de expertos que asesoró al juez Garzón, recibe el PREMIO JOAQUIN COSTA

De izquierda a derecha, los citados premiados, el 3º Carlos Jiménez Villarejo, el 5º Antonio Doñate, el 6º Julina Casanova, el 7º Francisco Espinosa y el 8º Francisco Etxeberria.


Francisco Espinosa, Historiador






Los jurados de los XV Galardones Joaquín Costa de Monzon fallaron la concesión del PREMIO "Jurídico" al "Comité pericial de expertos" designado en 2008, para asesorar al juez Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo y para la recuperación de la memoria histórica. Este grupo está formado por los el Fiscal Carlos Jiménez de Villarejo, el Magistrado Antonio Doñate, el abogado Manuel Escarda, los historiadores Julián Casanova, Francisco Espinosa y Queralt Solé, y el forense Francisco Etxeberría. Cabe decir que estos componentes fueron nombrados procesalmente, en legal forma, como comité de expertos o peritos judiciales "para estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951", por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón.

Los Galardones Joaquín Costa de Monzón, se crearon en 1996 con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa, son cinco: el Jurídico, el Educativo-Cultural, el Hidráulico, el Agropecuario y el Europeísta, pero el Patronato convoca sólo dos en cada edición. Este año se han convocados los dos citados en primer lugar. La dotación consiste en un busto de Costa y un pergamino acreditativo.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 12 de septiembre en el Auditorio San Francisco de Monzón.

(La foto primera corresponde a dicho acto).

Las bases indican que la finalidad, en todos los casos, es "premiar a personas físicas o jurídicas cuyo trabajo o actividad social de relevancia suponga un destacado beneficio para la comunidad y constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad".

Como se ha dicho, en el "Comité pericial de expertos" que asesoró al juez Garzón, y que ahora ha sido distinguido con el citado Premio "Joaquín Costa", figura el historiador extremeño Francisco Espinosa Maestre, natural Villafranca de los Barros, aunque afincado profesionalmente en Sevilla, y miembro desde sus inicios de nuestra asociación Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. (ARMHEX).

Francisco Espinosa Maestre, fue dentro de ese comité de expertos el autor del “Informe sobre la represión franquista” que se unió a la causa 399/2006-E, del Juzgado Central de instruccion nº 5 de la Audiencia Nacional, en el proceso abierto sobre los crimenes del franquismo.

Entre las investigaciones y más sobresalientes publicaciones de Francisco Espinosa, cabría destacar “La guerra civil en Huelva” (1996), “La justicia de Queipo” (2000), “La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz” (2003), “Contra el olvido” (2006), obra que incluye “El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española”, "La primavera del Frente Popular" (2007) y "Callar al mensajero". Ha colaborado igualmente en obras colectivas como: “Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión” (1990) “Morir, matar, sobrevivir” (2002), coordinadas respectivamente por Alfonso Braojos y Julián Casanova, y, en unión de Manuel Ruiz Romero, en la edición de las memorias del socialista ayamontino “Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo”. Tambien ha colaborado en la obra colectiva "La gran represión" (2009), coordinada por la profesora Mirta Nuñez. Actualmente es profesor y pertenece al grupo de investigación del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla. También es coordinador del proyecto “Todos los Nombres”.

Vaya por delante desde aquí nuestra más sincera felicitación, a los premiados.